Nuestro país no necesita más leyes, lo que hace falta es que se cumplan de forma efectiva y ejemplar las que ya existen. La piedra angular sobre la que se sustenta toda democracia de cualquier país democrático es la justicia, porque es la que defiende al ciudadano del abuso de un poder ilimitado por parte de sus gobernantes. Las leyes están para proteger al ciudadano del político, y no al político del ciudadano. La estrategia que siguen estos de reducir al mínimo los recursos materiales y profesionales del aparato judicial no es más que algo planificado meticulosamente para limitar y paralizar la capacidad de actuación de jueces y fiscales, que se encuentran desbordados ante la escasez de medios disponibles. Por si esto fuera poca desgracia, sufrimos una legislación anticuada y enrevesada excesivamente prudente y comedida con los delitos relacionados con el fraude y la corrupción política, pero implacable y despiadada con el ciudadano de a pie. El dicho de "roba una gallina y serás un ladrón, pero roba millones de euros que no te pasará nada" en nuestro país es totalmente cierto a la vez que bochornoso.

 

Los poderes ejecutivo y legislativo deben estar separados del poder judicial, siendo esta la manera de que exista un sistema de frenos y contrapesos que impidan el abuso de poder. Si no hay separación de poderes no puede existir democracia, y en este país no existe separación de poderes porque los partidos políticos nombran a su gusto a los jueces y a los fiscales más importantes. Otro de los problemas de la justicia en nuestro país es que tenemos leyes vergonzosas e injustas porque diferencian a los ciudadanos en función de si disponen o no de los recursos económicos necesarios para contratar buenos equipos de abogados que enreden los procesos judiciales hasta el infinito. La prescripción de los delitos debe acabarse porque un delito grave a la sociedad lo es independientemente de cuándo se cometa. No es más que otro mecanismo de corrupción que emplea la clase política para retrasar los procesos judiciales a sabiendas de que una vez pasado el tiempo suficiente, el delito prescribe y no se puede juzgar. La única manera de evitar que un delito se cometa es que el delincuente tenga la seguridad de que si es juzgado y condenado va a cumplir de forma íntegra la pena, sin ningún tipo de beneficios o reducciones. Así se lo pensará dos veces antes de hacerlo, porque la sociedad española no puede tolerar que se trate mejor a los delincuentes que a las personas honradas. Es una norma de convivencia social básica desde hace miles de años: el que la hace, la paga.

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Haremos cumplir las leyes y restauraremos el imperio constitucional de la Ley y la Justicia del que la prosperidad y la seguridad de España y los españoles dependen. El Gobierno tendrá prohibida la concesión de ningún tipo de indulto. Suprimiremos todos los tribunales de justicia especiales para que la justicia sea igual para todos y nadie esté por encima de la Ley. Despolitizaremos el poder judicial para que sea totalmente independiente e imparcial haciendo que sus cargos y representantes sean elegidos de forma democrática por los propios jueces y fiscales. El Gobierno o el Congreso no podrán entrometerse en sus investigaciones, debiendo colaborar y someterse a sus requerimientos de forma diligente e inmediata. 

 

Los partidos políticos no podrán personarse como acusación particular en los procesos judiciales en los que se vean implicados. Los jueces y fiscales que quieran dedicarse a la política en el ejecutivo o el legislativo no podrán volver a la carrera judicial por conflicto de intereses. Anularemos todas las leyes injustas, asimétricas y abusivas que la clase política ha aprobado en su propio beneficio y sin el consentimiento de los ciudadanos españoles. Así mismo, aumentaremos ostensiblemente la partida presupuestaria destinada a justicia, que tendrá prioridad absoluta en los Presupuestos Generales del Estado con el fin de que disponga de los medios necesarios para realizar su labor con la máxima diligencia y total eficacia.