Nuestro actual y a su vez atrasado modelo administrativo, político y territorial ha sido, es y probablemente será la principal fuente de los problemas que nos atormentan a los españoles (desempleo, corrupción, deuda pública, enfrentamiento...) Un sistema  ideado, creado y utilizado por los partidos políticos para dividir a la sociedad y para crear cientos de miles de instituciones y cargos sin ninguna utilidad real en los que enchufar a sus paniaguados familiares, amigos y correligionarios a costa de nuestros impuestos. Autonomías, diputaciones, Senado, parlamentos autonómicos y otros miles de ellos parecidos no han servido para que los ciudadanos españoles estemos más y mejor representados, sino que son el auténtico cáncer que se reproduce sin cesar y que está acabando con nuestro país. Es urgente sustituírlo por un modelo más racional, eficiente y cohesionado que en lugar de promover desigualdades e injusticias entre los ciudadanos españoles, impulse la cooperación entre todos nosotros así como la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades sin importar el lugar donde uno haya nacido o en el que resida.

 

El despilfarro que supone este modelo irracional no nos lo podemos permitir porque no tenemos capacidad económica para mantenerlo, como demuestra nuestra monstruosa deuda pública, la cual no deja de aumentar exponencialmente cada día que pasa para pagar todo este disparate político. Otro argumento igual o aun más importante para llevar a cabo esta transformación organizativa y territorial de nuestra nación es que solo un país cohesionado es un país fuerte y difícil de controlar por intereses ajenos a los propios ciudadanos. A pesar de que las élites políticas intentan convencernos de lo contrario, existen medidas legales y constitucionales más que suficientes para realizar dicho cambio de manera legal y reglamentaria. Lo que pasa es que no les conviene porque esta es su principal fuente de financiación, subvención, colocación y corrupción... por eso no les interesa cambiar nada.

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Exactamente al contrario de lo que los políticos llevan haciendo desde hace décadas, los ciudadanos tenemos que centrar nuestro esfuerzo y capacidad en proteger a las personas y no a los territorios o a las lenguas, que son la manera que estos han utilizado para enfrentar y dividir a la población. Así mismo es urgente preservar la libertad y los derechos de los ciudadanos españoles que son perseguidos en las regiones nacionalistas por minorías radicales organizada alentadas por la misma clase política. Como reforma primordial en este aspecto, el único idioma oficial en toda España será el español como vehículo de comunicación y entendimiento entre las personas, y para que las lenguas regionales dejen de ser una herramienta política y una barrera invisible que frene el desarrollo y el progreso de nuestro país. Las lenguas regionales serán respetadas y podrán ser habladas libremente así como estudiarse en las escuelas oficiales de idiomas o en academias privadas, en lugar de ser impuestas por la fuerza a los ciudadanos.

 

Un país pequeño en extensión y poco poblado, ni necesita ni puede permitirse un sistema político tan inflado e ineficiente, por esta razón, la función de las distintas regiones en las que se organizará nuestro país será básicamente administrativa y no política, siendo su cometido el de servir a los ciudadanos españoles y no a la clase política. Sus representantes atenderán y solucionarán los problemas reales de dichas regiones, trasladando sus propuestas y quejas al Congreso, donde serán debatidas. Suprimiremos las diputaciones y el Senado, cuyas funciones serán asumidas por el Congreso, siendo la representación territorial realizada por los diputados regionales.  La cuestión de la unidad de nuestra nación es probablemente una de las tareas más importantes y vitales para nuestra supervivencia y a la que los ciudadanos españoles nos tendremos que enfrentar más tarde o más temprano porque nos acabará abocando a la ruina económica, a la corrupción institucionalizada, a la desigualdad entre los españoles, y lo que es peor: a un enfrentamiento social que no sabemos cómo puede acabar.