Los representantes públicos de los países más democráticos del mundo son ciudadanos normales que van al trabajo en transporte público como el resto, pagan los mismos impuestos, cumplen las mismas leyes y tienen los mismos sueldos que los funcionarios de su misma clase. La idea que nos venden en este país de que los políticos tienen que ganar mucho dinero para que sean los mejores es una completa falacia difundida por ellos mismos para justificar sus injustificados privilegios y sus desorbitados sueldos. Porque los actuales dirigentes políticos no son los mejores ni de lejos, pero cobran como si lo fueran, con lo cual ese argumento no se sostiene. Si impedimos que la política proporcione privilegios y beneficios diferentes a un trabajo normal, nos quitaremos de encima a todos estos oportunistas paniaguados que solo buscan enriquecerse a costa del cargo público. Prebendas tales como pensiones vitalicias desorbitadas, salarios totalmente ajenos a la realidad laboral de los ciudadanos, aforamientos, aviones privados, coches oficiales, viajes, escoltas, dietas y un largo etcétera serán totalmente eliminados.

 

Los cargos políticos serán los estrictamente necesarios para tomar las decisiones, al igual que sucede en los países más avanzados democráticamente, en los que al tomar posesión solo se cubren los puestos de representación y decisión (unas decenas). El resto deben ser funcionarios de carrera por oposición que podrán ser reclamados para asesoría o consulta, lo que evita el enchufismo y el amiguismo a través de la contratación de asesores, secretarias y otro personal cuyas funciones pueden ser realizadas por los propios funcionarios de carrera por oposición. Así mismo, los representantes públicos están para cumplir el mandato de las urnas y servir al ciudadano, no para hacer lo que les venga en gana. El programa electoral es un contrato con los ciudadanos y así debe quedar reflejado por ley. En España no se cumplen las leyes porque la primera que se incumple es esta y no hay consecuencias.

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En España hemos llegado a un punto totalmente ridículo: la política de inauguraciones, paseos por las calles, mítines, comidas, reuniones, entrevistas, tertulias en televisión... se tiene que acabar porque nadie en su empresa trabaja así. Los representantes políticos son trabajadores al servicio del ciudadano, no son estrellas de la televisión, escritores de libros, famosillos de tres al cuarto ni marqueses o barones, como ellos mismos se hacen llamar. Al igual que el resto de los españoles cuando acceden a un empleo, los representantes públicos deben acreditar unos conocimientos y una experiencia suficiente para demostrar que saben lo que hacen. Porque la política es gestionar los destinos de millones de personas, siendo intolerable que personas sin conocimientos o experiencia profesional fuera de la política tomen decisiones que afectan a todo un país. Limitaremos a un máximo de doce años la permanencia en la política en cargos de representación pública para que la política sea un servicio temporal a la sociedad y no una forma de vida o de enriquecimiento personal. Los representantes públicos deberán dar ejemplo y tendrán la obligación de utilizar los servicios públicos: viajarán en transporte público, sus hijos estudiarán en centros de enseñanza públicos, ellos y su familia serán atendidos en hospitales y centros de salud públicos… de manera que conozcan y sufran personalmente las consecuencias de su gestión y de sus decisiones.

 

Los alcaldes y los diputados trabajarán en sus respectivas ciudades en una oficina a pie de calle abierta al público con horario de mañana y tarde de lunes a viernes y de mañana los sábados, hasta completar las cuarenta horas semanales durante once meses al año. Allí tendrán que recibir a sus conciudadanos y atender sus propuestas y reclamaciones en persona, siendo sus vacaciones de treinta días al año, y la cotización a la seguridad social para sus pensiones y el pago de sus impuestos exactamente iguales al resto de trabajadores españoles. Profesionalizaremos las decisiones que sean tomadas por los representantes políticos, que antes de ser aprobadas, serán estudiadas y validadas por técnicos independientes bajo estrictos criterios de racionalidad, eficiencia, ahorro y economía. Suprimiremos todas las subvenciones a los partidos políticos, fundaciones y asociaciones afines. Los partidos deberán cubrir sus gastos con las aportaciones de sus simpatizantes. Estas donaciones no podrán superar los 50€ anuales por persona. Así mismo, tendrán prohibido solicitar préstamos o créditos bancarios y presentarán públicamente sus cuentas auditadas anualmente por agencias externas independientes. Los partidos políticos deberán aceptar y respetar los principios democráticos y constitucionales. Su estructura interna, la elección de sus cargos y su funcionamiento deberán ser completamente democráticos. Las grandes decisiones que eventualmente deban tomarse y que no aparezcan recogidas en el programa electoral deben ser sometidas a referéndum ciudadano.