El primer derecho fundamental del individuo es la libertad, por lo que la misión principal de todo gobernante es proteger y garantizar la libertad de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración. Evidentemente, el disfrute de este derecho lleva aparejado el cumplimiento de ciertas obligaciones. Existe una máxima que dice que la libertad de una persona termina donde empieza la libertad de otra; lo que significa que para que yo pueda ejercer mi libertad individual debo respetar la libertad individual de los demás de manera recíproca. La función del Estado nunca debe ser contentar y satisfacer las apetencias y deseos de los ciudadanos, la función para la que fueron creados los gobiernos no fue otra que para que los habitantes de una determinada sociedad pudieran vivir bajo un marco legal que garantizase los derechos y las libertades de estos, para encargase de que todos ellos cumplieran con sus obligaciones, y para crear las condiciones necesarias en las que todos los ciudadanos tuviesen las mismas oportunidades de desarrollo y crecimiento personal, laboral, social y económico.

 

Nuestra Constitución es en esencia y a pesar de sus evidentes deficiencias e imperfecciones, la norma legal más importante porque garantiza nuestros derechos y libertades civiles fundamentales. Ninguna otra legislación posterior o accesoria ha conseguido superar en este sentido a nuestra Carta Magna. Por el contrario, toda la legislación autonómica, regional, municipal o cualquiera de las cientos de miles que han sido aprobadas por los políticos en las últimas décadas solo han servido para menoscabar nuestros derechos y libertades como individuos. Cada vez que en España hay un problema, la única solución que se les ocurre a los políticos es crear una nueva ley, siendo esto debido a su escasa capacidad y total incompetencia para solucionar los problemas de los ciudadanos. Como si por escribir una ley en un papel, los criminales que incumplen de manera sistemática las leyes fuesen a recapacitar y a empezar a cumplirlas. Por desgracia, en nuestro país las leyes, los requerimientos, las inspecciones y las multas de todo tipo casi siempre se aplican a los ciudadanos honrados y casi nunca a los delincuentes.

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Los infractores, muchos de ellos integrantes de las élites políticas, económicas y mediáticas que redactan y aprueban esas mismas leyes, campan a sus anchas y se las saltan ya que disponen de los medios económicos y los contactos necesarios para mantener intacta su cabeza… cosa que no sucede con los ciudadanos de a pie. La labor fundamental de los políticos españoles, además de crear problemas donde antes no existían, es la de reunirse semanalmente para inventarse, redactar y aprobar más y más leyes a nivel nacional, autonómico, municipal… que solo sirven para oprimir y tiranizar a los ciudadanos españoles. Una sinrazón que está acabando con el Estado de derecho del que tanto presumen los políticos de todos los partidos. Por eso, defenderemos nuestra Constitución como garantía de nuestros derechos y libertades fundamentales.

 

Además, nos aseguraremos de que si la Constitución debe ser reformada, sea para beneficiar a los ciudadanos y no a los políticos, como por ejemplo eliminar las autonomías, las diputaciones y el Senado; cambiar el sistema electoral y eliminar la financiación pública de partidos, sindicatos, fundaciones y asociaciones. Además, cualquier cambio en la Constitución deberá ser aprobado por el pueblo español mediante referéndum, no por los políticos y sus amigos multimillonarios. Estableciendo la Constitución Española como la ley más importante y superior en jerarquía de manera real y no solo formal, la única ley que ratificamos los ciudadanos españoles será aplicada, respetada y prevalecerá sobre todas las demás. Como consecuencia de ello, ninguna ley contraria a la Constitución podrá ser aprobada, y las que se han aprobado serán derogadas inmediatamente. En este aspecto, ningún juez podrá dictar ninguna sentencia contraria a la Constitución y los representantes públicos que no acaten la Constitución seran cesados de manera inmediata e inhabilitados de por vida para ejercer cargos de representación pública.