La inmigración ilegal y sus consecuencias son asuntos preocupantes para toda nación que se precie de respetar las leyes y de proteger a sus ciudadanos. Por esta razón, el control de la inmigración ilegal debe ser una de las prioridades para garantizar el sostenimiento de nuestro sistema y la convivencia pacífica entre los ciudadanos. No se puede imponer a la población de un país una cultura ajena a la suya a la fuerza solo por motivos ideológicos y económicos. El multiculturalismo y el tercermundismo son solo la excusa de unas minorías organizadas que obtienen enormes beneficios económicos gracias a estas políticas que en ningún caso benefician a los españoles, más allá del simple buenismo. La necesidad de estar en posesión de un contrato de trabajo para obtener el permiso de residencia, el endurecimiento de los requisitos para la obtención de la nacionalidad española, el haber cotizado un mínimo de cinco años para adquirir el acceso a los servicios sociales que los ciudadanos españoles han construído con su trabajo y su esfuerzo durante generaciones... son medidas imprescindibles para el sostenimiento de los servicios públicos, puesto que si esto no es así, el sistema colapsará y entonces ya no quedará nada para nadie. 

 

Sin duda, uno de los problemas de los políticos es que viajan poco como ciudadanos de a pie, porque si lo hiciesen más a menudo se darían cuenta de que para ello necesitan contratar seguros de salud privados, que los visados caducan y te expulsan del país, que no te regalan la nacionalidad de ningún país sin cumplir unos requisitos muy exigentes... acabaremos con la demagogia y la manipulación de los buenos sentimientos de los ciudadanos españoles. Esto no tiene que ver con el racismo ni con la xenofobia, es una cuestión de sentido común porque 1+1 no suman 3. Es un problema de recursos de los que no disponemos. El pensamiento "Alicia en el país de las maravillas" es un absurdo, y habría que cuestionarse con seriedad si las buenas intenciones de las ruidosas minorías organizadas que defienden el todo para todos sin control alguno, en realidad esconden ocultos intereses que pretenden acabar con los servicios que disfrutamos hasta el día de hoy. Los propios profesionales de la sanidad, la enseñanza, las fuerzas de seguridad... que lo sufren en su día a día son los más conscientes y críticos con estas políticas, que son inviables y acabarán destruyendo el sistema social en España. 

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Priorizaremos los puestos de trabajo, los salarios y la seguridad del pueblo español acabando con el dumping laboral producido por la inmigración ilegal descontrolada y las regularizaciones masivas de extranjeros realizadas por los políticos para beneficiar a sus amigos empresarios multimillonarios. Así mismo, protegeremos el bienestar económico y social de los extranjeros legales que ya viven y trabajan aquí frenando las admisiones incontroladas de inmigrantes. Adoptaremos una política de inmigración responsable y controlada en la que cualquiera que cruce ilegalmente nuestras fronteras será detenido hasta que sea deportado fuera de nuestro país, porque en eso consiste vivir en el mundo real, actuar con responsabilidad, tener leyes, acuerdos y tratados. Endureceremos los requisitos necesarios para obtener la nacionalidad española y expulsaremos de nuestro país a toda persona extranjera que cometa un delito. Cualquier persona extranjera que quiera residir en nuestro país deberá tener un contrato de trabajo o demostrar que posee los medios económicos suficientes para mantenerse por sí misma. Solo se concederán visados de estudios, de trabajo o de turista, teniendo estos una duración limitada sin acceso a la sanidad o a la enseñanza pública. 

 

No permitiremos a miles de extranjeros ilegales vagar libremente por nuestras calles ejerciendo la mendicidad o la venta ambulante ilegal, muchos de ellos en busca de trabajo a pesar de que la ley prohíbe el empleo de inmigrantes ilegales. Acabaremos con el problema del efecto llamada suprimiendo todas las ayudas y subvenciones irresponsables a la inmigración ilegal, la integración o el multiculturalismo.  Los barcos ilegales serán remolcados a sus puertos de origen y no se les permitirá desembarcar en nuestras costas. Bajo ningún concepto se permitirá a ninguna organización, empresa o particular ayudar a estas embarcaciones, porque solo de esta forma, las mafias que trafican con personas dejarán de hacer negocio a costa de nuestros impuestos y de la muerte de miles de personas que se lanzan al mar sin la más mínima seguridad. Nos aseguraremos de que las personas que quieran residir en España compartan y respeten los valores democráticos, las costumbres y las normas de nuestra sociedad europea occidental y que desean integrarse y contribuir con su esfuerzo y su trabajo en su mantenimiento y no en su destrucción. El esfuerzo por integrarse y adaptarse será obligación de las personas extranjeras que quieran vivir en nuestro país y no de los ciudadanos españoles.