SOLUCIONES

Gestión

Los poderes públicos realizarán una asignación equitativa de los recursos públicos y 

su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

Artículo 31 de la Constitución Española

La racionalidad, la eficiencia, la economía y el ahorro serán los principios que regirán el funcionamiento de la Administración Pública para que esta funcione con el mínimo de recursos y de la manera más eficaz posible. Es sabido que el coste de cada cargo político improductivo impide la creación de cinco puestos de trabajo, de ahí el alto desempleo estructural que sufrimos los españoles desde la implantación del inasumible estado autonómico y su burbuja de cargos públicos, nepotismo, amiguismo, clientelismo y despilfarro. Reduciremos el tamaño de la Administración Pública con el fin de limitar el creciente  y descontrolado gasto estructural del Estado. Para ello realizaremos una revisión exhaustiva de la Administración y despediremos sin ninguna indemnización a todos aquellos cuya contratación no se ajuste a los procedimientos reglamentarios establecidos. Todas las instituciones públicas serán auditadas para decidir si tienen realmente alguna utilidad para los ciudadanos o son solo lugares donde colocar a políticos, amigos, familiares y correligionarios para vivir a costa de los impuestos de los españoles.

 

Consideraremos las necesidades de los ciudadanos españoles como nuestra absoluta prioridad. Parece mentira que la primera solución que haya que plantear tenga que ser esta, y nos indica la situación esperpéntica y surrealista a la que hemos llegado. Es algo evidente porque bastantes problemas tenemos en nuestro país. En privado, los dirigentes de otros países deben reírse de los españoles, porque ir dando lecciones por el mundo de democracia y solidaridad cuando en nuestro país estamos como estamos es hacer el ridículo. España no es una ONG y países más poderosos y en mejor situación económica que el nuestro pueden ayudar a los más necesitados si quieren. No regalaremos más dinero a países extranjeros, a la inmigración, a la integración o al multiculturalismo a costa de subir los impuestos, recortar derechos y servicios sociales, pedir créditos y pagar intereses por ello porque nadie en su sano juicio ayuda a los demás con dinero prestado. Las ayudas públicas serán destinadas bajo estrictos criterios exclusivamente a las personas que realmente las necesiten y que no puedan valerse por sí mismas como los enfermos, los discapacitados o los desempleados. Solo las personas que hayan nacido en España tendrán acceso a dichas ayudas. Las personas deben entender que el Estado no regala nada y que lo único que hace es administrar el dinero que esas mismas personas le entregan.

Estamos llegando a unos niveles impositivos confiscatorios y los políticos nos amenazan con más impuestos en sus programas electorales. No se puede tener la economía atada de pies y manos debido a que el ciudadano medio paga entre impuestos directos e indirectos más de la mitad de lo que gana. Para hacernos una idea de esta voracidad impositiva, en la Edad Media se pagaba el diezmo al señor feudal, que era como su nombre indica el 10% de lo que producía. Hoy los españoles pagamos casi el 60% de lo que ganamos. Impuestos que antes nos habrían parecido ridículos e imposibles han aparecido debido a la necesidad de mantener los privilegios de unos pocos a costa de ahogar a la mayoría de la población, siendo una de las razones fundamentales de que la economía no se recupere y de que no se creen puestos de trabajo estables y bien remunerados. La solución no es reducir los salarios o abaratar el despido: el verdadero problema es el aumento continuado e interminable de impuestos que solo sirven para mantener los privilegios de la clase política y de sus paniaguados familiares y amigos.

Acabaremos con la cultura de la subvención, que es la mayor fuente de despilfarro, corrupción y fraude de nuestro país debido a que estas son destinadas principalmente a los partidos, sindicatos, empresas afines, grupos de presión, observatorios y asociaciones cercanas a la clase política; no a los ciudadanos que las necesitan realmente. Esta manera de gestionar los recursos públicos crea grandes desigualdades entre quienes tienen contactos con la clase política y los que no los tienen, falseando la economía de libre mercado que establece nuestra Constitución en el artículo 38. Las empresas públicas desaparecerán y sus funciones serán asumidas por los ministerios correspondientes. Dejarán de ser nidos de enchufismo y colocación de expolíticos, amigos y familiares debido a que sus procedimientos de contratación no se ajustan a los reglamentos y procedimientos de la Administración Pública, a pesar de que sus presupuestos y salarios sí que son pagados con los impuestos de los contribuyentes. El funcionamiento de estas empresas vulnera el artículo 23 de la Constitución española, que garantiza el acceso a los empleos y cargos públicos en condiciones de igualdad, así como el artículo 103 que regula su contratación de acuerdo a los principios de mérito y capacidad.

La representación y la política exterior serán competencia exclusiva del Gobierno y no de las regiones. Todas las embajadas y oficinas comerciales serán ocupadas por funcionarios de carrera y no por expolíticos. Todos los procesos de oposición valorarán exclusivamente los conocimientos y serán eliminados los méritos y las entrevistas personales, que solo sirven para colocar a familiares y amigos. Existirá un solo canal de televisión y radio públicos que se dedicarán a emitir noticias y documentales. Estos serán completamente independientes y libres de ideología. El resto de televisiones autonómicas que sirven como aparato de propaganda serán privatizadas. Las concesión de licencias de televisión y radio dejarán de ser potestad del Gobierno con el fin de eliminar su control e influencia en los medios de comunicación. Prohibiremos la publicidad institucional, que es la manera de anular la independencia, la imparcialidad y la objetividad de los medios. Mediante la concesión de estas subvenciones encubiertas, la clase política ha impedido el derecho de los ciudadanos a la libre información, creando medios de comunicación lacayos que solo transmiten opiniones y noticias acordes a los intereses de los partidos políticos y alejadas de la verdad y la realidad. 

La racionalidad, la eficiencia, la economía y el ahorro serán los principios que regirán el funcionamiento de la Administración Pública para que esta funcione con el mínimo de recursos y en el menor tiempo posible. Cada cargo político improductivo impide la creación de cinco puestos de trabajo, de ahí el alto desempleo estructural que sufrimos los españoles desde la implantación del inasumible estado autonómico y su burbuja de cargos públicos, nepotismo, amiguismo, clientelismo y despilfarro.

#51

Reduciremos el tamaño de la Administración Pública con el fin de limitar el inasumible y descontrolado gasto estructural del Estado. Para ello realizaremos una revisión exhaustiva de la administración y despediremos sin ninguna indemnización a todos aquellos cuya contratación no se ajuste a los procedimientos reglamentarios. Todas las instituciones públicas serán analizadas para decidir si tienen realmente alguna utilidad para los ciudadanos o son solo lugares donde colocar a políticos, amigos y familiares para vivir a costa de los impuestos de los españoles.

#52

Consideraremos las necesidades de los españoles como la prioridad absoluta. España no es una ONG y países más poderosos en mejor situación económica que el nuestro pueden ayudar a los más necesitados si quieren. No regalaremos más dinero a países extranjeros, a la inmigración, a la integración o al multiculturalismo a costa de subir los impuestos, recortar derechos y servicios sociales, pedir créditos y pagar intereses por ello. Nadie en su sano juicio regala dinero prestado.

#53

Las ayudas públicas serán destinadas bajo estrictos criterios exclusivamente a las personas que realmente las necesiten y que no puedan valerse por sí mismas como los enfermos, los discapacitados o los desempleados. Solo las personas que hayan nacido en España tendrán acceso a dichas ayudas. Las personas deben entender que el Estado no regala nada y que lo único que hace es administrar el dinero que esas mismas personas le entregan.

#54

Limitaremos el acceso al Gobierno de un número restringido de cargos en cada legislatura. Serán los estrictamente necesarios para tomar las decisiones y ejercer la representación ciudadana. El resto serán funcionarios de carrera que podrán ser requeridos por el Gobierno o el Congreso para funciones de asesoría o consulta. Eliminaremos todos los puestos de libre designación como los asesores, secretarias, ayudantes y otros similares.

#55

Acabaremos con la cultura de la subvención, que es la mayor fuente de despilfarro, corrupción y fraude de nuestro país debido a que se destinan a partidos, sindicatos, empresas, grupos de presión, observatorios y asociaciones afines a la clase política y no a los ciudadanos. Esta manera de gestionar los recursos públicos crea grandes desigualdades entre quienes tienen contactos con la clase política y los que no los tienen, falseando la economía de libre mercado que establece la Constitución en el artículo 38.

#56

Las empresas públicas desaparecerán y sus funciones serán asumidas por los ministerios correspondientes. Dejarán de ser nidos de enchufismo y colocación de expolíticos, amigos y familiares debido a que sus procedimientos de contratación no se ajustan a los reglamentos y procedimientos de la Administración Pública a pesar de que sus presupuestos y salarios sí que son pagados con los impuestos de los contribuyentes. El funcionamiento de estas empresas vulnera el artículo 23 de la Constitución española, que garantiza el acceso a los empleos y cargos públicos en condiciones de igualdad, así como el artículo 103 que regula su contratación de acuerdo a los principios de mérito y capacidad.

#57

La representación y la política exterior serán competencia exclusiva del Gobierno y no de los distritos. Todas las embajadas y oficinas comerciales serán ocupadas por funcionarios de carrera y no por expolíticos. Todos los procesos de oposición valorarán exclusivamente los conocimientos y serán eliminados los méritos y las entrevistas personales, que solo sirven para colocar a familiares y amigos.

#58

Existirá un solo canal de televisión y radio públicos que se dedicarán a emitir noticias y documentales. Será completamente independiente y libre de ideología. El resto de televisiones autonómicas que sirven como aparato de propaganda de la clase política serán cerradas. Las concesión de licencias de televisión y radio dejará de ser potestad del gobierno con el fin de eliminar el control y toda influencia en los medios de comunicación.

#59

Prohibiremos la publicidad institucional, que es la manera de anular la independencia, la imparcialidad y la objetividad de los medios de comunicación. Mediante la concesión de estas subvenciones encubiertas, la clase política ha impedido el derecho de los ciudadanos a la libre información, creando medios de comunicación lacayos que solo transmiten opiniones y noticias acordes a los intereses de los partidos políticos y alejadas de la verdad y la realidad. 

#60