¿Crear problemas o aportar soluciones?

Las soluciones que la gran mayoría de ciudadanos españoles consideramos de sentido común para solucionar gran parte de los problemas que nos afectan, no necesitan trescientas páginas para que se entiendan perfectamente. Los partidos políticos se limitan a crear problemas y no ofrecen soluciones efectivas. A diferencia de ellos, estas soluciones concretas son las que todos tenemos en mente.

 

Para ponerlas en práctica deben ser comités especializados formados por técnicos expertos de cada uno de los ámbitos a los que afectan los que analicen y determinen la mejor manera de aplicar cada una de las medidas propuestas. Para ello contaremos con el mejor equipo posible: los propios ciudadanos. Economistas, jueces, abogados, ingenieros, médicos, profesores... somos los que con nuestros conocimientos y nuestra experiencia en el mundo real y no en el de la fantasía política, debemos cambiar la situación porque ya nada podemos esperar la clase política española que lleva gobernando cuarenta años y nos ha conducido al desastre más absoluto.

 

Por otra parte, España no es una ONG mundial, y países más poderosos y en mejor situación económica que el nuestro pueden ayudar a los más necesitados si quieren porque a nosotros no nos sobran los recursos. No podemos estar viviendo del crédito y pagando intereses por él, para después repartirlo por el mundo entero como si nos sobrara. En consecuencia, los ciudadanos españoles deben ser considerados la prioridad absoluta, como sucede en los países serios donde sus representantes trabajan para atender los problemas de sus ciudadanos y no los del resto del mundo.

 

Estas son solo un ejemplo de soluciones políticamente incorrectas que la clase política no va a aplicar porque van en contra de sus privilegios e intereses. Sin embargo, van a favor de los ciudadanos españoles y eso es lo importante. La democracia garantiza el gobierno de la mayoría y no la dictadura de unas minorías organizadas como son los partidos políticos, las asociaciones, fundaciones, ong´s y otros organismos afines que representan solo a una pequeña parte de la población.

Los asuntos de España y de los ciudadanos españoles serán la prioridad fundamental

Parece mentira que la primera solución que haya que plantear tenga que ser esta, lo cual nos indica la situación esperpéntica y surrealista a la que hemos llegado. Es algo evidente porque bastantes problemas tenemos en nuestro país. No hay duda de que en privado, los dirigentes de otros países deben reírse de los políticos españoles, porque ir dando lecciones de democracia y solidaridad por el mundo cuando en nuestro país estamos como estamos... es hacer el ridículo.

Suprimir los chiringuitos políticos

La Constitución Española en el artículo 14 garantiza que "los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Algo que en España no se cumple en ningún caso. Suprimir las autonomías no tiene nada que ver con ideologías, sino con el sentido común. Para racionalizar, controlar y reducir las duplicidades, el gasto y evitar la corrupción. Así como para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos españoles unificando las leyes, la sanidad, la educación, los impuestos, el idioma...

 

Esta situación es totalmente objetiva porque desde el inicio de la democracia en España, las Comunidades Autónomas han incrementado sus competencias de forma exponencial y el resultado no ha beneficiado al ciudadano, sino al político de turno: corrupción, despilfarro, enfrentamiento, crispación... es el resultado de todo ello. Ha supuesto un evidente retroceso hacia un país medieval de señores feudales, en lugar de avanzar hacia un Estado moderno y eficiente. No se puede pedir al ciudadano que haga un esfuerzo muy importante mediante impuestos, recortes sociales y otros similares, mientras se derrochan ingentes cantidades de recursos en el mantenimiento de puestos, cargos, organismos e instituciones duplicadas que no dan ningún servicio real a la población.

 

Es un robo al ciudadano que donde antes existía un cargo, ahora existan 18: el de antes y los 17 de las autonomías. Consejeros de educación, sanidad, empleo, asesores, defensores del pueblo, cientos de parlamentarios autonómicos, delegados del gobierno, empresas públicas, diputaciones, Senado... que solo benefician a la clase política para colocar a sus cientos de miles de familiares, amigos y militantes con carnet del partido. 

Fomentar la natalidad de las familias españolas

Nuestro país envejece a pasos agigantados. Si no revertimos inmediatamente esta tendencia, nuestro sistema social quebrará: no se podrán pagar las pensiones, ni la sanidad, ni la educación. Debemos ayudar a las familias españolas a que tengan hijos creando las condiciones necesarias para que esto suceda lo más rápidamente posible.

 

La solución que plantea la clase política a este problema es traer inmigrantes y concederles subvenciones para que tengan hijos y se integren, algo que nunca sucederá como ha quedado demostrado aquí y en muchos otros países. ¿Por qué no ayudar con ese dinero a las madres y padres españoles para que tengan hijos?. No tiene sentido financiar a los extranjeros para que tengan hijos con el dinero de los impuestos de los ciudadanos españoles. Aumentar la natalidad debe ser considerado un servicio a la sociedad y esta debe recompensarlo por justicia social. 

 

· Ofrecer a las madres que se puedan acoger a la jornada reducida a la vez que reciben su sueldo completo, que pagará el Estado.

· Fomentar el teletrabajo en lugar del "presencialismo" y calentar la silla en las oficinas. 

· Flexibilizar el trabajo por objetivos y proyectos en lugar de por horas.

· Deducir todos los gastos del cuidado de los hijos en la declaración del IRPF: guarderías, seguros...

· Las familias que tengan tres o más hijos quedarán exentas de pagar IRPF, sea cual sea su nivel de ingresos.

· Todas las medidas necesarias encaminadas a revertir la tendencia demográfica en España.

Reducir masivamente los impuestos con el fin de estimular la economía y la llegada de capital e inversiones extranjeras

Estamos llegando a unos niveles impositivos confiscatorios, y los políticos nos amenazan con más impuestos en sus programas electorales. No se puede tener la economía atada de pies y manos debido a que el ciudadano medio paga entre impuestos directos e indirectos más de la mitad de lo que gana. Para hacernos una idea de esta voracidad impositiva, en la Edad Media se pagaba el diezmo al señor feudal, que era como su nombre indica el 10% de lo que producía. Hoy los españoles pagamos casi el 60% de lo que ganamos.

 

Impuestos que antes nos habrían parecido ridículos e imposibles han aparecido debido a la necesidad de mantener los privilegios de unos pocos a costa de ahogar a la mayoría de la población, siendo una de las razones fundamentales de que la economía no se recupere y de que no se creen puestos de trabajo. El problema no es reducir los salarios o abaratar el despido, el verdadero problema es el aumento continuado e interminable de impuestos que solo sirven para mantener los privilegios de la clase política y de sus familiares y amigos.

 

· Igualar a la baja los impuestos para todos los ciudadanos españoles independientemente de su lugar residencia.

· Suprimir la cuota de autónomos.

· Eliminar el impuesto a la muerte: transmisiones, donaciones, sucesiones y herencias.

· Abolir los impuestos redundantes y de doble imposición como el IBI, los parquímetros... prohibidos ya en la Constitución.

 

También es imprescindible que el dinero permanezca en España y atraer capitales extranjeros porque es la única manera de crear nuevos negocios que generen empleos. La tergiversación del lenguaje en el asunto de los paraísos fiscales es una muestra de la miseria moral de los que se presentan como los Robin Hood modernos. El término "paraíso fiscal" es una traducción manipulada del término inglés "haven" (refugio) y no "heaven" (paraíso). Su traducción no es "paraíso fiscal", sino "refugio fiscal" de los depredadores del trabajo ajeno mediante impuestos voraces y confiscatorios.

Impulsar la creación de industria tecnológica de alto valor

Es urgente la reindustrialización de nuestro país. Una nación fuerte necesita un sector industrial potente para sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo. La clase política se ha empeñado en convertir nuestro país en una economía centrada en los servicios y la baja productividad (comercio, turismo, hostelería...). Un país de camareros, limpiadoras de hotel y dependientes, con unos sueldos y una precariedad acorde al tipo de trabajo que fomenta. No genera lo mismo un técnico especializado en una planta de producción industrial que un camarero, y por lo tanto el sueldo, las cotizaciones sociales y los impuestos no pueden ser los mismos.

 

Hay que devolver a nuestro país la capacidad industrial que tuvo cuarenta años atrás... antes de que la clase política la desmantelara en uno de los episodios más infames y desastrosos que se recuerdan en nuestra historia reciente. La capacidad industrial de España superaba el 30% del PIB al inicio de la democracia... actualmente se acerca al 10% y bajando.

Reformar el poder judicial para garantizar su total independencia

La base de un país democrático está en el poder judicial, porque es el que defiende al ciudadano del abuso de un poder ilimitado por parte de la clase política. La estrategia que siguen estos últimos de reducir al mínimo los recursos de la justicia no es más que algo planificado meticulosamente para limitar y paralizar la capacidad de actuación de jueces y fiscales, que se encuentran desbordados debido a la escasez de medios disponibles.

 

Por si esto fuera poca desgracia, sufrimos una legislación anticuada y enrevesada excesivamente prudente y comedida con los delitos relacionados con el fraude y la corrupción política, pero implacable y despiadada con el ciudadano de a pie. El dicho de "roba una gallina y serás un ladrón, pero roba millones de euros que no te pasará nada" en nuestro país es totalmente cierto a la vez que bochornoso.

 

El poder ejecutivo debe estar separado del poder judicial, siendo esta la manera de que exista un contrapeso que limite y controle la actuación del poder ejecutivo. Si no hay separación de poderes no puede existir democracia, y en este país no existe separación de poderes porque el poder ejecutivo nombra a los jueces y a los fiscales más importantes.

 

Se deben prohibir todas las asociaciones y sindicatos judiciales porque los representantes del poder judicial deben ser totalmente imparciales en el ejercicio de su función, al igual que lo son las Fuerzas Armadas. En su intimidad pueden pensar y opinar como quieran, pero en su función pública deben ser imparciales ideológicamente. Los miembros del poder judicial tendrán prohibido participar en política o formar parte de partidos políticos. Todos aquellos que lo hayan hecho serán cesados y expulsados de la carrera judicial.

Cambiar la ley electoral para que sea realmente justa: un ciudadano = un voto

Se debe crear una comisión de expertos independientes en la materia que pongan solución a este sistema atrasado que mantiene a la mayoría de los españoles chantajeada por unas minorías organizadas nacionalistas antiespañolas. Es imprescindible un sistema representativo justo y no solo proporcional. Un sistema de doble vuelta resuelve los problemas de pactos entre partidos para formar gobierno, que no son más que chantajes y repartos de poder con la excusa de la "representatividad". Las democracias más avanzadas del mundo utilizan este sistema.

 

Por otra parte, elecciones separadas y a doble vuelta para el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como listas abiertas en distritos uninominales deben ser parte fundamental de esta nueva ley para que los representantes políticos respondan de forma directa de sus decisiones ante sus electores y no ante los partidos políticos.

Integrar en la Constitución de una nueva Ley de Enseñanza

La enseñanza y la formación de las personas debe ser una prioridad porque sólo así el país podrá contar con jóvenes brillantes y preparados que generen riqueza, mejorando así la vida de todos los demás ciudadanos. Para ello, es imprescindible que la Ley de Enseñanza sea redactada por expertos y no por políticos. Por supuesto, al ser uno de los asuntos fundamentales de la nación, deberá ser refrendada por los españoles mediante referéndum.

 

No podrá ser modificada cada cuatro años. La enseñanza no se puede cambiar cada vez que entra un nuevo Gobierno mientras los niveles educativos descienden en picado como demuestra año tras año el Informe Pisa. Esta nueva ley deberá velar por el aprendizaje y el desarrollo integral del estudiante de forma objetiva y libre de adoctrinamientos ideológicos. Las matemáticas, la lengua, la historia... son materias de aprendizaje y no medios de manipulación de personas en edad de crecimiento y formación.

 

Acabaremos con la falsificación de nuestra historia y la hispanofobia impulsada por sectores minoritarios antiespañoles que pretenden hacernos sentir culpables de ser quienes somos y que nos avergoncemos solo por haber nacido en España. Así mismo, los centros de enseñanza dejarán de ser academias de idiomas y la enseñanza se impartirá exclusivamente en español en toda España. Quienes quieran aprender otras lenguas lo deberán hacer en academias privadas pagadas con su dinero y no con el de todos.

Acabar con la inmigración ilegal para asegurar nuestra seguridad y nuestro bienestar

El control de la inmigración ilegal debe ser una de las prioridades para garantizar el sostenimiento del sistema y la convivencia pacífica entre los ciudadanos. No se puede imponer a la población de un país una cultura ajena a la suya a la fuerza solo por motivos ideológicos y económicos. El multiculturalismo, la afrocaridad, el negrodesarrollismo y el tercermundismo son solo la excusa de unas minorías organizas que obtienen enormes ganancias económicas gracias a estas políticas que no benefician a los españoles.

 

La necesidad de estar en posesión de un contrato de trabajo para obtener el permiso de residencia, el endurecimiento de los requisitos para la obtención de la nacionalidad española, haber cotizado un mínimo de cinco años para adquirir el acceso a los servicios sociales que los ciudadanos españoles han construido con su trabajo y su esfuerzo durante generaciones... son medidas imprescindibles para el sostenimiento de la sociedad, puesto que si esto no es así, el sistema colapsará y ya no habrá nada para nadie.

 

Uno de los problemas de algunos es que viajan poco, porque si lo hiciesen más a menudo se darían cuenta de que para ello necesitan contratar seguros de salud privados, que los visados caducan y te expulsan del país, que no te regalan la nacionalidad de ningún país sin cumplir unos requisitos muy exigentes... acabemos con la demagogia y la manipulación de los sentimientos de los ciudadanos españoles.

 

Esto no tiene que ver con el racismo ni con la xenofobia, es una cuestión de sentido común porque 1+1 no suman 3. Es un problema de recursos de los que no disponemos. El pensamiento "Alicia en el país de las maravillas" es un absurdo, y habría que cuestionarse con seriedad si las buenas intenciones de los que defienden el todo para todos, en realidad esconden ocultos intereses que lo que realmente pretenden es acabar con los servicios que disfrutamos. Los propios profesionales de la sanidad, la educación, las fuerzas de seguridad... que lo sufren en su día a día son los más conscientes y críticos con estas políticas, que son inviables y acabarán destruyendo el sistema social en España.

 

Todo extranjero ilegal en nuestro país será deportado a su país de origen, así como todo aquel que cometa un delito. No permitiremos vagar por nuestras calles a miles de inmigrantes ilegales que mendigan y cometen delitos ya que no tienen trabajo. Todo barco ilegal será remolcado a su puerto de origen y no a nuestro país para acabar con el efecto llamada. Así mismo, reforzaremos nuestras fronteras para garantizar la seguridad de los ciudadanos españoles y protegernos del terrorismo islamista.

Proteger la libertad y el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos

La misión fundamental del Estado será garantizar la libertad de los ciudadanos españoles por encima de cualquier otra consideración, al ser este el primer derecho fundamental del individuo.

 

Asociado de manera inseparable al derecho a la libertad está el derecho a la propiedad privada, que no es otro que ejercer la libertad personal de poseer un bien adquirido legalmente con el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo de una persona o una familia durante toda su vida. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dejarán de tener las manos atadas y podrán intervenir de manera inmediata si el propietario de una vivienda demuestra de manera fehaciente que dicha propiedad es suya.  

 

Para ello, reformaremos la ley para que cualquier mafia o persona que ocupe una propiedad, vivienda o terreno ilegalmente sea desalojado ipso facto de dicho inmueble. Las personas que alquilen un local o una vivienda serán desalojadas si dejan de pagar el alquiler acordado durante seis meses sin necesidad de judicializar este proceso.

 

Los invasores de la propiedad privada se enfrentarán a penas de prisión ejemplares e inmediatas que sirvan como medida disuasoria y preventiva. Solo así los ciudadanos españoles podremos sentirnos tranquilos y protegidos tanto nosotros, nuestras familias como nuestros bienes. 

Reducir y limitar el poder político

Todo ciudadano español debe tener acceso garantizado y gratuito a los siguientes servicios:

· Seguridad y defensa.

· Justicia.

· Sanidad.

· Enseñanza.

· Administración y servicios.

 

A eso se deben limitar los impuestos de los ciudadanos y la intervención del Estado en la vida de las personas. Los políticos no son los  padres de los españoles, algo heredado del franquismo, que se presentaba como el padre de todos ellos. Cuanto más grande es la intervención de la clase política en la sociedad, peor es la vida de sus ciudadanos. El Estado debe garantizar la libertad y no reducirla, siendo el ciudadano el que tiene que controlar al político y no al revés como sucede actualmente, donde los españoles somos perseguidos por el Estado como si fuéramos delincuentes.  

 

Esto no está en contra de que los ciudadanos puedan disfrutar de servicios sociales básicos y necesarios como educación, justicia o sanidad. La manipulación del lenguaje ha hecho creer a muchos ciudadanos que limitar el poder político supone una pérdida de derechos, cuando es precisamente todo lo contrario. No sobran profesores, médicos, policías o bomberos, lo que sobran son políticos. En eso consiste limitar el poder del Estado y no lo que nos venden, porque los países donde sus ciudadanos son más libres y con menos intervención del Estado en sus vidas son los más prósperos y avanzados.

Los programas electorales serán vinculantes y limitados

Los representantes de los ciudadanos están para cumplir el mandato de las urnas y servir al ciudadano, no para hacer lo que les venga en gana. El programa electoral es un contrato con los ciudadanos y así debe quedar reflejado por ley. En España no se cumplen las leyes porque la primera que se incumple es esta. Es vergonzoso que las campañas electorales se conviertan en mercadillos persas y los ciudadanos no podamos hacer más que contemplar el espectáculo, usando nuestro filtro anti-chorradas para no volvernos locos ante tanto vende motos.

 

Otro aspecto fundamental es que los representantes políticos deben tener clara su función: atender a la ciudadanía con un horario laboral en una oficina en el que el ciudadano pueda pedir cita y ser atendido cara a cara y sin usar de parapeto al funcionario de turno, que no tiene responsabilidad alguna y que se tiene que comer el marrón.

 

Hemos llegado a un punto totalmente ridículo: la política de inauguraciones, paseos por las calles, mítines, comidas, reuniones, entrevistas, tertulias en televisión... se tiene que acabar porque nadie en su empresa trabaja así. Los representantes políticos son trabajadores al servicio del ciudadano, no son estrellas de la televisión, escritores de libros, famosillos de tres al cuarto ni marqueses o barones como ellos mismos se hacen llamar. Sucede como con los árbitros de los partidos de fútbol, que cuanto más protagonistas son y más se hacen notar, peor están arbitrando.

Utilizar el referéndum ciudadano para la toma de grandes decisiones

El artículo 92 de la Constitución Española lo expresa claramente: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". En nuestro país ha habido tan solo tres consultas nacionales (1978, 1986 y 2005) en casi cuarenta años. Todos los países democráticos avanzados utilizan este mecanismo de forma sistemática para tomar decisiones trascendentales que no aparecen recogidas en el programa electoral de los gobiernos. 

 

Las grandes decisiones que eventualmente deban tomarse y que no aparezcan recogidas en el programa electoral deben ser sometidas a referéndum ciudadano, porque son los que deben llegar a acuerdos o pactos... y no los partidos políticos porque ha quedado demostrado que no son capaces: ni en la educación, ni en la corrupción, ni en la justicia, como tampoco en muchos otros asuntos prioritarios para que el país funcione adecuadamente.

Los delitos graves no prescribirán nunca y se cumplirán íntegramente las penas de prisión

Tenemos una ley vergonzosa e injusta porque diferencia a los ciudadanos en función de si disponen o no de los recursos económicos necesarios para contratar buenos equipos de abogados que enreden los procesos judiciales hasta el infinito. Un delito grave a la sociedad lo es independientemente de cuándo se cometa. No es más que otro mecanismo de corrupción que emplean los partidos y los políticos para retrasar los procesos judiciales, a sabiendas de que una vez pasado el tiempo suficiente, el delito prescribe y no se puede juzgar. 

 

Este país no necesita muchas más leyes, lo que hace falta es que se cumplan las que ya existen. La única manera de evitar que un delito se cometa es que el delincuente tenga la seguridad de que si es juzgado y condenado va a cumplir de forma íntegra la pena, sin ningún tipo de beneficios o reducciones. Así se lo pensará dos veces antes de hacerlo, porque la sociedad española no puede tolerar que se trate mejor a los delincuentes que a las personas honradas. Es una norma de convivencia social básica desde hace miles de años: el que la hace, la paga.

 

Por otra parte, los representantes políticos tienen que asumir sus responsabilidades de forma efectiva. Todos en nuestra vida diaria al tomar decisiones nos atenemos a las consecuencias. No puede ser que se tomen decisiones a la ligera o por capricho personal (grandes construcciones de infraestructuras o desvío de dinero público a organizaciones afines), que con el paso del tiempo se demuestren ruinosas y que nadie asuma responsabilidades. El responsable político asume la responsabilidad del cargo como cualquier empresario con su negocio. El "no me consta" y el "yo no lo sabía lo que firmaba" se acabaron.

Exigir unos requisitos mínimos para el acceso a la representación política e institucional

Al igual que el resto de los españoles cuando acceden a un empleo, los representantes públicos deben acreditar unos conocimientos y una experiencia suficiente para demostrar que saben lo que hacen. Porque la política es gestionar los destinos de millones de personas, siendo intolerable que personas sin conocimientos o experiencia profesional fuera de la política tomen decisiones que afectan a todo un país.

· Formación: Titulación universitaria, ya que sin un grado mínimo de formación no se puede gestionar el dinero, como pasa en cualquier empresa.

 

· Experiencia: Al menos diez años de experiencia laboral ajena al partido político y organizaciones afines, ya que sin contacto con el mundo real no se conoce la realidad de la sociedad y los problemas a los que esta se enfrenta en su día a día.

 

· Idiomas: Nivel de inglés B2 o equivalente, ya que es imprescindible en el mundo actual y una herramienta indispensable para relacionarse.

 

· Honradez: No tener antecedentes penales, ya que los terroristas y los delincuentes no pueden acceder a cargos públicos pagados por sus víctimas.

Profesionalizar la ejecución de las decisiones políticas

Mediante técnicos de reconocido prestigio y profesionales expertos de la propia Administración. Si tenemos excelentes profesionales en nómina, ¿por qué derrochar el dinero innecesariamente?. Las duplicidades no son únicamente las instituciones replicadas en cada una de las Comunidades Autónomas, sino también la contratación de innumerables asesores y personal innecesario.

 

Obligatoriedad por ley de que los ministros y los directores generales sean profesionales del sector (Sanidad = médicos o enfermeras, Educación = profesoras o maestros, Fomento = ingenieras o arquitectos...) con el objetivo de que las decisiones sean las más adecuadas.

 

Los cargos políticos serán los estrictamente necesarios para tomar las decisiones, al igual que sucede en los países más avanzados democráticamente, en los que al tomar posesión solo se cubren los puestos de representación y decisión (unas decenas). El resto deben ser funcionarios de carrera por oposición que podrán ser reclamados para asesoría o consulta, lo que evita el enchufismo y el amiguismo a través de la contratación de asesores, secretarias y otro personal cuyas funciones pueden ser realizadas por los propios funcionarios.

Reducir el gasto al mínimo necesario

Con el objetivo de reducir considerablemente el gasto público, frenar la corrupción y permitir la libre competencia y la creación de nuevas empresas privadas que actualmente monopoliza el Estado, algo que generaría nuevos puestos de trabajo.

 

Eliminación del Senado uy diputaciones, fusión de ministerios, supresión de parlamentos y embajadas autonómicas... así como la eliminación de todas las empresas públicas, observatorios, fundaciones... excepto las de claro interés estratégico o ciudadano (armamento, defensa, CNMV, AEMET...). Se debe realizar un estudio independiente que determine cuáles son las necesarias para servir al ciudadano y cuáles son las que sólo sirven a la clase política como agencias de colocación y compra de votos.

 

Es puro sentido común: se gasta menos de lo que se ingresa y los ciudadanos lo aceptamos sin problemas porque así funcionamos en nuestros hogares y en nuestros negocios. Lo que no aceptamos es que se recorte de donde no corresponde porque además no sirve de nada si al final el dinero se va por otro lado.

 

Además, España es un país serio, sus ciudadanos no somos bandoleros, piratas o morosos y las deudas las tenemos que pagar. El dinero que nos han prestado nuestros socios europeos proviene en parte de los ahorros de los ciudadanos de otros países, por lo tanto no es justo que nuestros vecinos paguen nuestra fiesta o nuestra irresponsabilidad. Para la devolución de estos préstamos se deben tomar las medidas correspondientes: embargo del patrimonio de los partidos políticos (sedes, inversiones...) y de los representantes políticos (patrimonio personal, sueldos...) como nos ocurre a los ciudadanos españoles, que respondemos con nuestro patrimonio.

Eliminar todos los privilegios políticos

Los representantes políticos de los países más democráticos del mundo son ciudadanos normales que van al trabajo en transporte público como el resto, pagan los mismos impuestos, cumplen las mismas leyes y tienen los mismos sueldos que los funcionarios de su misma clase. La idea que nos venden en este país de que los políticos tienen que ganar mucho dinero para que sean los mejores es una completa falacia difundida por ellos mismos para justificar sus privilegios y sueldos. Porque los actuales dirigentes políticos no son los mejores ni de lejos, pero cobran como si lo fueran, con lo cual ese argumento no se sostiene.

 

Si impedimos que la política proporcione privilegios y beneficios diferentes a un trabajo normal, nos quitaremos de encima a todos los oportunistas que buscan enriquecerse a costa del cargo público. Por el contrario, los que tengan realmente vocación de servicio público serán los que dirigirán el país sin importar el sueldo o las condiciones... ya de por sí bastante buenas. Pensiones vitalicias desorbitadas, salarios totalmente ajenos a la realidad laboral de los ciudadanos, aforamientos, aviones privados, coches oficiales, viajes, escoltas, dietas y un largo etcétera serán eliminadas.

Endurecer la Ley de enjuiciamiento criminal

La corrupción y el fraude fiscal deben ser considerados después de los delitos de terrorismo, asesinato y violación, los hechos delictivos más graves que se pueden cometer contra la sociedad, puesto que suponen sustraer los recursos de la nación a sus legítimos dueños: los ciudadanos. Por lo tanto, se deben tomar medidas contundentes para evitarlo. Un ejemplo de medida eficaz sería la siguiente:

 

Estimando que el sueldo más común en nuestro país es de 1000€ mensuales, un trabajador gana 50€ diarios. Cada 50€ defraudados deben suponer un día de prisión porque se está robando el equivalente de un día de trabajo de un ciudadano. El ingreso en prisión se ejecutaría una vez emitida la sentencia, pero la condena empezaría a contar desde el día que se reintegre lo sustraído a todos los ciudadanos españoles. Y si no se devuelve, no se sale de prisión. No hay reducción por enfermedad ni por edad. Las cosas antes de hacerlas hay que pensarlas. No es una ley atípica, ya que en muchos países los delincuentes de este tipo terminan sus días en prisión.

Eliminar y prohibir las subvenciones a los partidos, sindicatos...

Todos imaginamos que las subvenciones son algo bueno, que sirven para ayudar a enfermos, personas con problemas... nada más lejos de la realidad. Si el ciudadano de a pie supiera de verdad dónde va a parar realmente su dinero, su opinión cambiaría totalmente y tendríamos un problema grave de orden público en nuestro país. Las escasas ayudas que le llegan al ciudadano no son más que las migajas del pastel que se reparten la clase política y sus organizaciones afines.

 

Son la mayor fuente de corrupción que existe mediante la creación de organizaciones y empresas beneficiarias afines que acaparan la inmensa mayoría de esas ayudas. La discrecionalidad de las subvenciones genera desigualdades entre quienes las reciben (los amigos y familiares) y quienes no (el ciudadano español normal y corriente), alterando la libre competencia del mercado. El dinero debe estar en el bolsillo del ciudadano para que él mismo decida cómo y dónde quiere emplearlo. Si quiere financiar a un partido, ONG, sindicato... lo hará con su dinero y no con el de los demás.

 

Todos los partidos y sindicatos se deberán financiar exclusivamente por sus militantes o asociados y no por empresas o gobiernos extranjeros. Sus cuentas deben ser públicas y auditadas externamente. Quien quiera financiar una ideología (socialismo, comunismo, liberalismo, sindicalismo...) lo deberá hacer con su propio dinero y no obligar a los demás a hacerlo si no están de acuerdo con esa ideología.

 

La publicidad institucional debe desaparecer al ser una manera de subvencionar y premiar a los medios de comunicación que "se portan bien" con la clase política. Las consecuencias de esto son muy graves puesto que el llamado "cuarto poder", es decir, los periodistas y medios de información no son independientes debido a que buena parte de sus ingresos y concesiones de cadenas y emisoras provienen de estas subvenciones.

¿Por qué estas soluciones?

En primer lugar, porque se fundamentan en razones objetivas y no en promesas vacías. Buscan un cambio en profundidad de nuestra sociedad y no son maquillajes que en realidad no sirven para nada. En definitiva, atacan las causas y no las consecuencias. En segundo lugar e igualmente importante, porque todas ellas sin excepción cumplen los principios democráticos que son fundamentales:

 

· Libertad del individuo como derecho fundamental.

· Igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades para todos los españoles.

· Justicia independiente que impida que nadie esté por encima de la Ley.

 

Son soluciones necesarias para que nuestro país se convierta en una verdadera democracia representativa donde los políticos estén al servicio del ciudadano y no al revés. Los países democráticos más avanzados son el claro ejemplo de que este modelo es imprescindible para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y no solo de unos pocos privilegiados. Somos los ciudadanos de a pie los que tenemos que luchar para que este proyecto político salga adelante con el fin de crear un país de oportunidades para nosotros y para las siguientes generaciones de españoles.

 

Estas son solo algunas de las medidas que serán desarrolladas más adelante, pero son representativas de las ideas y la filosofía de este movimiento. Porque ha llegado el momento de que los ciudadanos españoles tomemos las riendas de nuestro destino de una vez y para siempre.