Nosotros, el Pueblo de España, con el fin de mantener la unidad de nuestra nación, establecer justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y garantizar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, ordenamos y establecemos este manifiesto.

Cuando, en el curso del devenir humano, un pueblo se ve obligado a disolver los lazos políticos que lo han ligado a sus gobernantes, asumiendo el puesto separado e igual a que las leyes le dan derecho, un honesto respeto a la opinión de la humanidad exige que declare las causas que le impelen a la separación.

 

Tenemos las siguientes verdades por evidentes en sí mismas: que todos los hombres son creados iguales; que su creador les ha otorgado derechos inherentes e inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres gobiernos cuyos poderes legítimos emanan del consentimiento de los gobernados; que cuando una forma cualquiera de gobierno pone en peligro esos fines, el pueblo tiene derecho a alterarla o abolirla y a instituir nuevo gobierno, fundamentándolo en los principios, y organizando sus poderes en la forma que a su juicio le ofrezcan más posibilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.

La prudencia, ciertamente, aconseja no cambiar por razones pasajeras y baladíes un gobierno de antiguo establecido, y la experiencia demuestra que los hombres están más dispuestos a padecer, si el mal es tolerable, que a hacerse justicia aboliendo formas a las que están acostumbrados. Más cuando una larga serie de abusos y usurpaciones iniciada en un período determinado persigue invariablemente el mismo objetivo, revelando el designio de someternos a un despotismo absoluto, tenemos el derecho, tenemos el deber de derrocar ese gobierno y establecer nuevas salvaguardias para nuestra seguridad en el futuro. Tal ha sido la paciente tolerancia de esta nación; y tal es ahora la necesidad que nos obliga a cancelar nuestros antiguos sistemas de gobierno.

 

La historia de los actuales partidos políticos de España es una historia de incesantes agravios y usurpaciones, entre las que no destaca un solo hecho que contradiga el uniforme carácter de los restantes, pues todos están directamente encaminados a establecer una tiranía absoluta sobre esta nación. Para probarlo, sométanse los hechos, de cuya certeza responde nuestra palabra, que jamás ha mancillado la mentira, a un mundo imparcial.

Han rehusado aprobar las leyes más convenientes y necesarias para el bien común.

Han prohibido sancionar leyes de inmediata y apremiante importancia para garantizar la unidad de nuestra nación, quedando el Estado entretanto expuesto a todos los peligros de invasión exterior y convulsiones interiores.

Se han negado a reformar las leyes que garantizan la representación electoral justa e igual, derecho inestimable para nosotros y que solo los tiranos pueden temer. 

Han obstruido nuestro derecho de representación mediante requerimientos inusuales con el solo fin de fatigarnos hasta hacernos aceptar sus medidas y desalentarnos en la creación de alternativas políticas contrarias a las suyas. 

Han rechazado durante mucho tiempo nuestras iniciativas legislativas por oponerse a sus intereses partidistas.

Se han esforzado en estorbar nuestro progreso destruyendo nuestro sistema de enseñanza, impidiendo mediante exigencias abusivas toda iniciativa empresarial y despojando de toda esperanza a los jóvenes, que hemos tenido que marcharnos más allá de nuestras fronteras en busca de un futuro que en nuestro propio país nos era negado. 

Han tolerado que la administración de justicia cese totalmente en algunas regiones, oponiéndose a ejecutar las leyes necesarias para consolidar la autoridad de los tribunales. 

Han hecho depender de su sola voluntad la permanencia de los jueces en sus cargos, así como el monto y el pago de sus salarios. 

Han creado, asumiendo por sí mismos tal poder, multitud de nuevos cargos, y han enviado enjambres de nuevos funcionarios a hostigarnos y a consumir nuestros recursos.

Han pretendido hacer al poder político independiente del poder civil y superior a él.

Han maquinado con terceros para someternos a una jurisdicción ajena a nuestra Constitución y no reconocida por nuestras leyes, aprobando sus normas de falsa legislación para protegerse, con parodias de juicios, del castigo por los delitos que pudieran cometer;

 

para gravarnos con impuestos sin nuestro consentimiento;

 

para perseguir nuestra lengua común, el español, en muchas regiones españolas; 

 

para crear más cargos públicos y leyes que reducen nuestra libertad y nuestros derechos;

 

para destruir el tráfico y el comercio dentro de nuestras propias fronteras mediante burocracia infinita;

 

para privarnos, en muchos casos, de los beneficios de un juicio justo;

 

para vulnerar la Constitución Española estableciendo un gobierno arbitrario y tiránico;

 

para alterar nuestras leyes más valiosas y las formas más representativas de nuestra cultura y nuestra sociedad;

 

para suspender nuestras propias legislaturas y declararse investidos del poder absoluto para legislar por nosotros en todos y cada uno de los casos.

Han renunciado a su gobierno sobre determinadas regiones declarando que renuncian y nos retiran su protección, abandonándonos a nuestra suerte.

Han desindustrializado nuestras tierras, endeudado a nuestro país y empobrecido las vidas de nuestras gentes para completar su obra de destrucción, desolación y tiranía ya iniciada en circunstancias de crueldad y perfidia, indignas de los gobernantes de una nación civilizada.

Han engañado a nuestros conciudadanos para que se levanten contra su propio país, para convertirse en enemigos de sus hermanos y amigos o para caer en sus manos.

Han intentado lanzar sobre nosotros a los despiadados terroristas islamistas, cuya conocida norma de guerra es la destrucción indiscriminada de todas las edades, sexos y condiciones de existencia.

Han declarado cruel guerra a la misma naturaleza humana, violando sus más sagrados derechos a la vida y la libertad en las personas de distantes gentes que jamás les habían ofendido.

Han convertido el saqueo y el pillaje en su modo de vida.

Y, para que semejante cúmulo de horrores no carezca de rasgo distintivo alguno, ahora incita a esas mismas gentes a alzarse contra nosotros, ofreciéndoles la destrucción de nuestra nación.

 

En cada una de estas etapas de opresión hemos pedido justicia en los términos más humildes; nuestras reiteradas peticiones han recibido, por toda respuesta, reiterados agravios. Unos gobernantes de carácter tan marcado por todos los actos que definen a unos tiranos están incapacitados para gobernar a un pueblo que pretende ser libre. Los tiempos venideros apenas podrán creer que la audacia de unos pocos se aventurara, en el corto período de cuarenta años, a establecer cimientos tan amplios como ostensibles para el ejercicio de la tiranía sobre un pueblo criado y asentado en los principios de la libertad.

Tampoco hemos sido parcos en atenciones para con nuestros hermanos europeos. Les hemos advertido periódicamente de las tentativas de su legislativo para extender su jurisdicción sobre la nuestra. Les hemos recordado nuestro deseo de ser libres en un Estado democrático, lo cual no justifica tan extraña pretensión ya que este se hizo realidad a expensas de nuestra propia sangre y hacienda, sin ayuda de las riquezas ni del poder de Europa; que, ciertamente, al constituir nuestras diversas formas de gobierno, adoptamos un gobierno común, estableciendo así los cimientos de una perpetua vinculación y amistad con ellos; pero que la sumisión a su parlamento no figuraba en absoluto en nuestra Constitución, ni jamás se pensó en ello, si la historia no miente y apelamos a su ancestral justicia y magnanimidad, así como a los lazos de nuestro común parentesco, para repudiar esas usurpaciones, que con toda probabilidad habrían de interrumpir nuestra relación y correspondencia. También ellos han prestado oídos sordos a la voz de la justicia y la consanguinidad, y cuando la aplicación periódica de sus leyes les ha dado ocasión de destituir de sus consejos a los perturbadores de nuestra armonía, los han repuesto, por libre elección, en el poder. 

 

Estas acciones han apuntillado un afecto agonizante, y el espíritu viril nos exige repudiar para siempre a estos gobernantes insensibles. Debemos esforzarnos por olvidar el respeto que les profesábamos, y considerarlos, como consideramos al resto de la humanidad, enemigos en la guerra, amigos en la paz. Unidos pudimos ser un pueblo libre y grande; parece, empero, que su dignidad no les permite compartir la grandeza y la libertad. Así sea, puesto que así lo quieren. El camino que conduce a la felicidad y la gloria se abre también para nosotros. Lo recorreremos por nuestro lado, y aceptaremos la necesidad que proclama nuestra eterna separación.

 

Por consiguiente, nosotros, el Pueblo de España, poniendo al supremo juez del mundo por testigo de la rectitud de nuestra intención, proclamamos y declaramos solemnemente que los españoles unidos somos, y en derecho debemos ser, personas libres e independientes; que quedamos liberados de toda fidelidad a los partidos políticos, y que todo vínculo político entre ellos y nosotros queda, y debe quedar, totalmente disuelto; rechazamos y repudiamos toda fidelidad y sometimiento a los partidos políticos y a cualesquiera otros que en lo sucesivo, por ellos, mediante ellos o bajo ellos, pudieran reclamarlas; disolvemos plenamente todo vínculo político que hasta hoy pueda haber subsistido entre nosotros y ellos; y finalmente afirmamos y declaramos que este pueblo es libre e independiente, y que, como personas libres e independientes, tenemos plenos poderes para realizar cuanta cosa o acción puede en derecho realizar un pueblo libre e independiente. Y, en apoyo de esta declaración, comprometemos mutuamente nuestras vidas, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor.